En la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea se busca endurecer las sanciones por esa práctica delictiva y promueve reformas en el COIP. En enero de 2026 se han dado cuatro incidentes de maleantes que se disfrazaron de efectivos de las fuerzas del orden.
En menos de un mes, cuatro casos de delincuentes que se disfrazaron de policías y militares para perpetrar ilícitos se han dado en Ecuador (ver línea de tiempo abajo). El hecho que provocó mayor conmoción ocurrió la noche del pasado 7 de enero, cuando un grupo de delincuentes, vestidos con prendas similares a uniformes policiales, asesinó a tres personas al interior de una cancha en la urbanización Mocolí Golf Club, en Samborondón.
Uno de los fallecidos fue el cabecilla criminal Stalin Olivero Vargas, alias Marino, integrante de la banda Los Lagartos. El último incidente fue el pasado 19 de enero. Malandros con indumentaria policial montaron un falso operativo para asaltar, en horas de la madrugada, en una urbanización localizada al norte de Guayaquil.
A su juicio, la comercialización y fabricación clandestina de ese tipo de implementos deben regularse y sancionarse con penas severas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). También se debe investigar y hacer un seguimiento exhaustivo -agrega el analista- a quienes las expenden esa clase de implementos por Internet. De hecho, solo al hacer un recorrido en Facebook Marketplace, se puede hallar cientos de ofertas de toda clase de equipamiento, nuevo o usado, de las fuerzas del orden.
Los precios varían desde USD 45 en adelante por los camuflajes. También hay camisas demanga larga y corta de la Policía Nacional o los uniformes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) o tácticos. Los cintos de la misma institución se ofrecen en USD 25 o las palas para diferenciar los grados (sargento, cabo, teniente, etc.).
Ante esa problemática, la asambleísta Inés Alarcón (Acción Democrática Nacional-ADN), presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, promueve el proyecto de Ley Orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo y la simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública, normativa reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que ya pasó el primer debate.
Con base en cifras oficiales, la legisladora afirma que se han dado 1 234 casos en los que integrantes de bandas criminales utilizaron prendas de militares y policías para montar falsos controles en carreteras, operativos ilegales y demás delitos, a escala nacional, solo en el año 2024, lo cual es alarmante porque son aproximadamente 100 hechos mensuales.
La principal preocupación de Alarcón es que el uso indebido de uniformes policiales o militares se sanciona, en el COIP, apenas como una contravención en el artículo 296. Es decir, una pena de 15 a 30 días de prisión, lo cual es inaudito ante la ola delictiva por la que atraviesa el país. En 11 años -según datos proporcionados por la Comisión de Soberanía- se han registrado solo 32 sentencias contra personas que usaron de manera irregular uniformes de fuerzas de seguridad, con base en cifras del Consejo de la Judicatura (CJ).
Solo el 15 % de los casos de uso indebido de uniformes terminan en sentencia condenatoria por vacíos en la tipificación. Pichincha (23 %) y Guayas (18 %) lideran los incidentes de delitos cometidos con indumentaria oficial.
La reforma en la norma plantea la creación de dos nuevos tipos penales: la simulación de autoridad operativa y la comercialización no autorizada de uniformes e insignias institucionales. En cuanto a la primera, la sanción propuesta será de uno a tres años de prisión por montar escenarios engañosos, falsos retenes o patrullajes. De tres a cinco años, cuando estos actos deriven en privación ilegal de la libertad, ingreso a inmuebles o afectación patrimonial. De cinco a siete años, si se involucra a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas.
En lo que respecta a la segunda, se propone una pena de uno a tres años de privación de libertad para quienes fabriquen, importen, distribuyan, comercialicen, vendan o pongan en circulación uniformes, insignias, credenciales, denominaciones y distintivos de instituciones públicas militares, sin autorización.
Esta propuesta ya pasó el primer debate en el Parlamento y se busca que más dirigentes, comerciantes y personas relacionadas con esta temática se unan.
Pablo Vizcaíno es presidente de la Asociación de Comerciantes y Confeccionistas de Artículos Militares y Policiales (Accamp), que cuenta con más de 50 socios a escala nacional. Pidió a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional que lo reciba para exponer las inquietudes de su gremio.
“Está bien que se busque sancionar”, expresó el dirigente a www.ecuavisa.com. “Hemos presentado (propuestas) para que se vendan productos oficiales con etiqueta y facturas y así se pueda identificar en dónde los delincuentes adquieren las prendas”. Enfatizó que en los socios de grupo aplican normas de seguridad para evitar que la indumentaria se use con fines delictivos. Por ejemplo, siempre piden la credencial a quienes se acercan a sus locales con la intención de comprar.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) -afirma el dirigente- es la única institución que registra su actividad comercial. A su criterio, con la información de esta entidad se puede verificar a quienes cumplen con la normativa y luego reforzar los controles.
Considera que también se debe vigilar a las personas que venden las telas para confeccionar uniformes de seguridad.
En los alrededores del Ministerio de Defensa, en el sector de La Recoleta, en el Centro Histórico de Quito, hay aproximadamente 10 locales que expenden trajes y equipamiento de las fuerzas del orden. La dueña de un establecimiento es Silvana Reina, quien afirma que posee toda la documentación en regla. Considera que los controles deben apuntar a quienes venden esos productos de forma clandestina y en las redes sociales. Incluso a las personas que se parquean con sus vehículos en las afueras de los cuarteles u otras dependencias con mercadería y no rinden cuentas a las autoridades.
Posee la autorización de la Industria de la Seguridad y Defensa Nacional (FAME) de las FF.AA. No vende la mercadería a cualquier persona y siempre lleva un registro pormenorizado. “Yo tengo el permiso como distribuidora y manejo productos certificados”. Los compradores también deben llenar un formulario.
Lo mismo hace Liliana Quinchuela, quien colgó un letrero en su almacén con el mensaje: “Venta de uniformes solamente con identificación”. Cuenta que las autoridades no hacen controles de forma permanente y se incrementan los locales dedicados a esa actividad de forma ilegal. “Venden a particulares sin pedir la tarjeta militar” y luego, cuando hay problemas de delincuentes disfrazados de uniformados, “vienen a donde nosotros, que tenemos varios años en esto, y nos culpan, pero no es así”.
También les pide a sus clientes que llenen un formulario.
Fuente: Ecuavisa