Este segundo informe deberá ser votado por el pleno de la Asamblea Nacional; necesita un mínimo de 77 votos para ser aprobado
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley que, según el Ejecutivo, busca incentivar la construcción de vivienda de interés social mediante beneficios tributarios. La decisión se adoptó con siete votos a favor y tres en contra, como parte del trámite de una iniciativa enviada por el Ejecutivo con carácter económico urgente. El documento pasará al Pleno para su discusión y votación.
El proyecto propone incentivos tributarios para personas y empresas que donen viviendas de interés social al Estado, con el fin de reducir el déficit habitacional en el país. Entre los principales mecanismos consta la posibilidad de rebajar hasta el 100 % del valor donado del Impuesto a la Renta, con un límite del 30 % del impuesto causado en el ejercicio fiscal.
La normativa establece controles técnicos para garantizar la calidad de las viviendas y fija un plazo máximo de 90 días para su entrega a los beneficiarios, una vez concretada la donación. La propuesta prioriza la entrega de viviendas en sectores con mayores niveles de pobreza, déficit habitacional o necesidades básicas insatisfechas.
Al tratarse de una ley económica urgente, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para aprobar o archivar la propuesta. El informe será debatido en el Pleno, donde se requerirán al menos 77 votos para su aprobación.
El informe sobre consulta popular avanza a segundo debate en la Asamblea Nacional
El informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Consulta Popular fue aprobado en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. El objetivo es fortalecer el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y subsanar vacíos normativos.
El respectivo informe del proyecto será remitido a la Presidencia del Órgano Legislativo. Se destaca que aprobar esta normativa es una prioridad legislativa, en cumplimiento del mandato constitucional, que garantiza la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones.
Plantea que la ley contemple procedimientos claros, transparentes e inclusivos para las etapas del proceso, desde la convocatoria hasta el control de resultados, asegurando la participación de los sectores sociales, con énfasis en grupos históricamente excluidos.
Recomienda mantener la intervención de la Corte Constitucional en el control previo y vinculante de las preguntas, como un mecanismo fundamental para garantizar la constitucionalidad, proteger derechos fundamentales y reforzar la legitimidad de este mecanismo de participación ciudadana.