Así lo refiere una recopilación de información realizada por Ecuavisa.com con publicaciones de prensa y comunicados de las FF.AA. y Fiscalía. La mayoría de casos corresponde a uniformados que ingresaron objetos prohibidos en las cárceles. También hay de narcotráfico, filtración de información a bandas criminales, violación, pornografía infantil, etc.
Cada vez son más frecuentes los casos de militares detenidos e investigados por sus vínculos con el crimen organizado u otros delitos. En la última semana se reportaron dos hechos preocupantes que pusieron en jaque a las instituciones de seguridad y la ciudadanía.
El pasado 3 de septiembre, 16 uniformados en servicio activo del Ejército y ocho civiles fueron apresados dentro de una investigación por presunta «venta y fuga de información desde la unidad militar de la jurisdicción» en Loja que beneficiaba al tráfico de combustibles como parte del caso Estrella Verde, según informó la Fuerza Terrestre en un comunicado publicado en X. Se ejecutaron 33 allanamientos en viviendas y al interior de instalaciones militares.
Los investigan por presunta asociación ilícita porque supuestamente abrieron rutas ilegales, entre Ecuador y Perú, para el contrabando de mercancías. En la audiencia, del pasado 5 de septiembre de 2025, un juez los dejó en libertad con medidas cautelares. Deben presentarse dos veces por semana en la Fiscalía de Loja.
Esta decisión no cayó bien al interior del Consejo de la Judicatura (CJ), cuyas autoridades dispusieron acciones para determinar si hubo irregularidades en la actuación de los servidores judiciales que liberaron a los 16 militares.
En el segundo hecho registrado el 1 de septiembre, a 17 militares les formularon cargos por presunta evasión tras la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos. Lo mismo para 11 policías y prisión preventiva para dos guías penitenciarios…
¿A qué se debe a que cada vez hay más casos de militares que son investigados por vínculos con el crimen organizado o cometer toda clase de delitos? En una recopilación de información realizada por Ecuavisa.com con publicaciones de prensa y comunicados de las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General, se contabilizan 35 casos de uniformados (activos y pasivos) investigados por toda clase de delitos y nexos con el crimen organizado, desde 2018 hasta la actualidad (ver tabla de abajo).
La mayoría corresponde a soldados que supuestamente intentaron ingresar objetos prohibidos en las cárceles. También hay otros por presunto narcotráfico, filtración de información sensible y un soldado que fue apresado por pornografía infantil. En total, 146 militares han sido indagados, en ese periodo de tiempo y un alto número corresponde la Fuerza Terrestre. De ese total, cuatro eran de servicio pasivo.
Algunos incluso ya fueron sentenciados. Uno ocurrió, el pasado 22 de julio, cuando a un cabo segundo del Ejército le ratificaron la condena de 29 años y cuatro meses de cárcel por violación, en Lago Agrio (Sucumbíos). Según la Fiscalía, el soldado atacó a una adolescente, de 14 años, en una vivienda fiscal del Batallón de Selva 55 Putumayo. Ella también residía en ese lugar con su familia, ya que su padre también era parte de las Fuerzas Armadas.
Igual pasó, en Quevedo, provincia de Los Ríos. La justicia sentenció a cinco años de cárcel a un subteniente del Ejército, de 27 años, procesado por el delito de atentar contra la seguridad en las operaciones militares o policiales. Lo apresaron el pasado 17 de mayo, el mismo día en el que las Fuerzas Armadas allanaron cuatro haciendas en las provincias de Los Ríos y Santo Domingo.
En una de ellas figuró como dueña Kerly Álvarez, hija de Roberto Álvarez, cabecilla de los Comandos de la Frontera, grupo criminal que emboscó y asesinó a 11 militares en Alto Punino (Orellana), el pasado 9 de mayo.
En uno de esos predios se encontraba un trabajador colombiano. En su teléfono tenía conversaciones que avisaban de la operación militar. Las investigaciones establecieron que el joven oficial sentenciado proporcionó datos de la intervención.
Para Mario Carrillo, experto en seguridad y exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la situación es muy crítica al interior de las Fuerzas Armadas porque las denuncias son recurrentes. A su juicio, el problema radica en que los filtros de ingresos a las escuelas de formación se hicieron más blandos desde la época del expresidente Rafael Correa y eso ha repercutido con el pasar de los años. «Ahí están las consecuencias. Antes todo era más rígido».
Considera que se requieren correctivos como endurecer los ingresos y la selección de aerotécnicos, soldados, grumetes y oficiales. También evaluar a quienes han sido reincorporados y han salido de las FF.AA. por mala conducta o delitos porque eso está resquebrajando la institucionalidad y la disciplina interna.
Patricio Acosta es analista en temas de seguridad. Afirmó que las sanciones ejemplarizadoras son necesarias en la actualidad. Por ejemplo, a los soldados detectados en ilícitos hay que deshonrarlos quitándoles el uniforme. «Deben ser sometidos al escarnio público», manifestó el analista, quizás con una ceremonia en la que se les retire el uniforme y los grados.
De otro lado, investigar al personal que ingresó a las Fuerzas Armadas desde 2008 en adelante -expresó Acosta- porque a partir de ese año comenzó a minarse la institucionalidad y el orden. Hay que indagar desde cuándo ingresaron, ver qué calificaciones obtuvieron, analizar los ascensos. Es decir, exigir el rigor que había antes.
Afirma que el Gobierno Nacional está aún a tiempo de hacer una fuerte depuración en las FF.AA., lo cual es urgente. Igualmente, implementar medidas drásticas en la justicia porque existen grupos de delincuencia organizada jurídica que dejan en libertad a peligrosos delincuentes.
Las Fuerzas Armadas callan sobre la serie de casos de militares investigados por la justicia
Al hacer un pedido de información sobre militares investigados por delitos, en la Dirección de Comunicación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la respuesta fue que «las FF.AA. no tienen competencia sobre la información que solicita».
La entidad no proporcionó información sobre las estrategias que se están aplicando para evitar que sus miembros sean reclutados por el crimen organizado o si existe un plan de depuración para dar de baja a los malos elementos. Tampoco se informó si hay filtros para elegir a quienes ingresan al Ejército, Marina y Aviación. No se informó sobre el número de militares dados de baja, por ser investigados en delitos.
Ante esa realidad, expertos en temas de seguridad coinciden en que la información debe ser transparentada.
Katherine Herrera, consultora en temas de seguridad y catedrática de la UTPL, manifestó que hay debilidades en control interno y de contrainteligencia
Es decir, no existe un monitoreo eficaz y eficiente a los servidores militares. Esto va desde vigilar la rotación de puestos sensibles y exponerles constantemente a una misma zona o provincia. También hay vacíos en los sistemas de alerta temprana. Así no se podrá conocer y evaluar las tendencias de cómo los soldados pueden ser más vulnerables o no a realizar actividades penadas con la ley.