El juez Ángel Lindao, de la Unidad Judicial de La Concordia, en Santo Domingo, declaró nulo el juicio político llevado a cabo en la Asamblea Nacional en contra de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

En su resolución, el magistrado señaló que se vulneraron los derechos de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) “al debido proceso y a la seguridad jurídica”, por lo que dispuso la nulidad del proceso político que ordenaba la destitución de los funcionarios.

Adicionalmente, el juez Lindao en su argumentación, hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que se respeten los órganos del poder público porque “ningún órgano del Estado está por encima del control constitucional”.

Se explicó además que, en efecto, es facultad de la Asamblea llevar a cabo procesos de fiscalización, pero que deben enmarcarse dentro de los preceptos legales establecidos en la Ley Orgánica Legislativa que prevé el trámite para un proceso de destitución.

Asimismo, Lindao alegó que era competente para conocer la causa, ya que el Art. 32 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que cualquier ciudadano puede pedir una medida cautelar ante cualquier juez. Y que, aunque el hecho sucedió en Quito, el efecto es a nivel nacional, pues el CPCCS cumple sus funciones en todo el territorio ecuatoriano.

El argumento de defensa de los consejeros del CPCCS se basó en que el control político realizado por la Asamblea Nacional debe respetar la Constitución y que el derecho a la defensa requiere garantías básicas del debido proceso.

En este caso, los asambleístas votaron la moción de censura sin que exista un informe, por lo que, según los consejeros, “desconocían los argumentos” por los que eran juzgados. Además, manifestaron que no se respetó el tiempo legal para la convocatoria, de modo que los interpelados puedan preparar su defensa.

De acuerdo con la resolución del juez, la Asamblea deberá presentar disculpas públicas, en un plazo de 5 días. También debe colocar una placa conmemorativa y un banner que diga: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.

Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, destacó la resolución del juez y acotó que: “El poder de la ciudadanía ha ganado al poder político que ha pretendido ofender a nuestra institución y meter la mano a los concursos”. “Esto será un ejemplo de que ninguna autoridad está por encima del control constitucional”, aseveró.

Con Información de Vistazo